El día viernes 12 de agosto, feriado, se inició el derrocamiento de la Casa Coloma, ubicada en la Av. 12 de Octubre y Coruña. Este es un hecho lamentable para la ciudad tomando en cuenta que esta casa había sido declarada un bien patrimonial histórico de Quito en 1998.
El derrocamiento ocurrió a la madrugada y en un día de feriado, sin permiso por parte del Municipio y amparados en el fallo de un juez, que fue inducido al error bajo la explicación de que el FONSAL no había argumentado en su momento porqué esta casa era parte del patrimonio de la ciudad.
Gracias a la oportuna denuncia de los ciudadanos y la intervención inmediata del Alcalde encargado, se logró detener este derrocamiento. Sin embargo, el 60% de la casa fue destruida. Su actual dueño, Fausto Jarrin, así como sus antiguos dueño, la Constructora Herdoiza Guerrero, tenían conocimiento absoluto del carácter patrimonial del bien y de que por ende se lo podía vender, mas no se lo podía derrocar. En todo caso se podían realizar adecuaciones refaccionar si la Comisión de áreas históricas y otras instancias del Municipio lo autorizan.
Este hecho preocupa al concejo Metropolitano que ante la situación resolvió formar una comisión integrada por los ediles Manuel Bohórquez y Norman Wray, para elaborar un pronunciamiento del Concejo en defensa y restitución del bien que forma parte del inventario patrimonial de la ciudad.
También se llamará a una sesión extraordinaria para examinar el expediente y definir los pasos a seguir en este caso en cuatro ámbitos fundamentales:
- Administrativo interno en la institución, para determinar si hubo alguna negligencia en el tratamiento de este tema.
- Las acciones administrativas que debe llevar a cabo la Comisaría Municipal y la Agencia de Control.
- La investigación y proceso penal en contra de los autores del derrocamiento.
- Comportamiento de los jueces que concedieron la acción de protección.
No hay que olvidar que la destrucción de un bien patrimonial de acuerdo al artículo 425 del Código Penal tiene una sanción penal y no se puede permitir que este caso se tome como un referente para destruir bienes patrimoniales basados en intereses económicos y privados.
Por esta razón el Municipio y en especial el concejo actuará con toda la firmeza del caso.
